Hace apenas un par de días, Otto Pérez Molina era el hombre más poderoso de Guatemala.
Hoy, los policías y soldados que lo rodean están allí para evitar que se fugue…no para cuidar su seguridad de mandatario.
Ojeroso y demacrado, este ex general de 64 años, no da su brazo a torcer y se enfrenta a la justicia como fiera herida.
Ayer, durante la audiencia, le aseguró al juez que rechazó un soborno de Joaquín El Chapo Guzmán cuando lideró la captura del famoso mafioso mexicano en la década de 1990.
Según Pérez Molina, esto es un ejemplo de su honestidad.
“El Chapo fue capturado aquí la otra vez por un operativo que yo personalmente dirigí”, recordó el ex mandatario al juez.
“Lo quiero traer a colación porque usted se imagina lo que hizo El Chapo en el momento que lo capturamos: lo primero que hizo fue negociar”, agregó sobre la operación en 1993 que comandó como coronel para apresar al criminal, que hace unos meses volvió a escapar de una prisión mexicana y está prófugo.
“El ofrecimiento que tuvimos en la captura podía subir 10 o 15 veces más de lo que ahora me señalan a mí”, dijo aseguró.
Y agregó: “El ofrecimiento que tuvimos en la captura podía subir 10 o 15 veces más de lo que ahora me señalan a mí y no lo hice porque va contra mis principios”.
BUEN PISTÍO
Pérez se vio obligado a renunciar esta semana tras ser acusado por la Fiscalía y una comisión internacional respaldada por la ONU de dirigir La Línea, una mafia que recibía sobornos de los empresarios para evadir impuestos en las aduanas del país centroamericano.
Hasta el momento, las investigaciones han presentado pruebas que demostrarían que La Línea recaudó al menos unos 3,7 millones de dólares.
El 50 por ciento de ese monto habría ido para la cúpula supuestamente integrada por Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que está en prisión preventiva.
Pérez Molina se declaró inocente de todos los cargos, dijo que las pruebas en su contra son débiles y que había “mala intención” de la fiscalía, en su descargo durante el segundo día de comparecencia ante un juez que debe decidir si hay suficiente evidencia para llevarlo a juicio.
