Hace un año –en la noche del 26 al 27 de septiembre, para ser exacto-, al igual que el mundo entero, fui conmovido con la historia de 43 estudiantes que desaparecieron en un municipio rural de México.
Yo estaba en un café de Tegucigalpa cuando empecé a leer en Internet sobre lo que había ocurrido en Iguala.
Ha pasado un año desde entonces y las realidades son pocas, aunque profundamente dolorosas.
- Cuarenta y tres estudiantes de la combativa escuela de maestros de Ayotzinapa (en el sur de México), fueron secuestrados por comandos armados.
- Nunca más se volvió a saber de ellos.
- No se sabe cómo ni dónde fueron asesinados ni enterrados.
- Y la más remota de todas las posibilidades: ¿Están vivos?
Según la fiscalía mexicana, los muchachos murieron a manos de integrantes de uno de los tantos grupos de narcotraficantes que hay en la zona.
Luego de asesinarlos –según la fiscalía-, los narcos quemaron los cadáveres en un basurero.
Durante estos meses, la hipótesis de la fiscalía era la que tenía mayor validez y peso.
Sin embargo…
“Es imposible que los hayan quemado… Para realizar ese procedimiento, se habrían necesitado cerca de 60 toneladas de madera y neumáticos y no hay evidencia de que haya habido un fuego masivo en el basurero de Cocula”, dicen investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto no solo echa por los suelos las conclusiones del gobierno, sino que revive el misterio sobre lo que pudo haber ocurrido a los jóvenes durante la noche del 27 al 27 de septiembre.
Hay algunos puntos de coincidencia: que los estudiantes se dirigieron hacia Iguala en autobuses que habían “secuestrado”, algo común entre estudiantes de izquierda.
La mayoría era de primer ingreso.
¿Qué andaba haciendo en Iguala? Había llegado a recaudar fondos y a tomar más autobuses para una protesta que iba a realizarse en octubre en México DF.
Otra coincidencia entre la versión oficial y la investigación independiente es que los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron atacados por policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula.
A tres de los estudiantes los masacraron los agentes al disparar contra los autobuses; otras tres personas, integrantes de un equipo de fútbol, murieron cuando el autobús en el que viajaban fue tiroteado.
Después de esos ataques, los policías secuestraron a 43 de los estudiantes. Desde entonces, lo que pasó es un misterio.
La fiscalía únicamente ha podido identificar con pruebas de ADN a uno de los estudiantes: Alexander Mora. Hay otro que se supone que es Jhosivani Guerrero de la Cruz.
“Lamentamos no saber aún qué pasó con los muchachos secuestrados”, dice el equipo investigador de la CIDH.
La fiscalía mexicana sostiene que sí sabe qué fue lo que ocurrió.
“Los policías municipales entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos… Una vez en manos de los sicarios fueron asesinados e incinerados en el remoto basurero de Cocula para después arrojar sus cenizas a un río”, señala la fiscalía.
Un años más tarde, la fiscalía no ha cambiado su versión.
No es el final de la historia. Estamos lejos de esos. Por esa razón, Enrique Peña Nieto, presidente de México dio órdenes para que se realicen nuevas investigaciones en el basurero.
También exigió que se tomen en cuenta las investigaciones de la CIDH.
La fiscalía sostiene, de igual manera, que “Los restos de Alexander Mora fueron hallados en una bolsa en un río”.
¿Y qué dice la CIDH? Que los huesos estaban en un lugar que está a varias horas en auto del basurero.
La comisión también lanza dudas sobre los motivos de la desaparición y sus responsables.
Las autoridades judiciales aseguran que el principal sospechosos es José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala.
Él fue quien ordenó el ataque, porque temía que los estudiantes causaran disturbios durante un discurso que su esposa -que tenía ambiciones políticas-, iba a dar en una concentración.
“El cártel de Guerreros Unidos confundió a los estudiantes con Los Rojos, una organización criminal rival”, sostiene la investigación oficial.
“Los estudiantes –dice la investigación de la CIDH-, llegaron a Iguala después de que terminara el discurso de la esposa de Abarca… Esa hipótesis queda descartada”.
Los estudiantes pudieron haber tomado un autobús sin saber que era usado por criminales para transportar heroína a Estados Unidos –explica la CIDH.
Hay un quinto autobús que fue retenido por los estudiantes que nunca fue incluida en la investigación oficial… A nosotros nos parece que este puede ser un elemento clave –sostiene la comisión.
¿Qué papel jugaron en esta historia dolorosa los militares y la policía federal aquella fatídica noche?
Al menos se deduce que no hicieron mucho por proteger a los estudiantes.
“Ellos –los militares y la policía federal-, estuvieron pendientes de todo lo que ocurría en aquella noche del 26 al 27 de septiembre, observaron cada paso que daban los jóvenes y supieron cuando fueron atacados y secuestrados. ¿Por qué no actuaron?”, se pregunta la comisión.
Otra respuesta más que aún no tiene respuesta.
