Un anciano es acusado de robarse un par de gallinas en el pueblo y la gente de la DPI lo “encacha” y lo expone por todos los medios de comunicación como una de las más grandes capturas del siglo.
En los juzgados a los “gatos” los sentencias rapidamente y los manda a prisión por años…
Pero cuando 8 diputados ( ahora ex diputados) son acusados de corrupción y se les investiga por desviar más de ocho millones de lempiras las autoridades correspondientes le dan largas al asunto y hasta crean leyes polémicas que provocan miles de dudas en toda la población y nos crea la sensación que todo es para “tapar la corrupción”.
Lamentablemente, este miércoles la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidió suspender el caso conocido como “red de diputados” hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrolle las investigaciones que ahora debe realizar a los acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El TSE ahora tiene un plazo de hasta tres años para concluir las investigaciones, de acuerdo a la reforma realizada por el Congreso Nacional
¡¡¡¡TRES AÑOS!!!!
Y como si todo esto no fuese suficiente “mal chiste”, esta reforma también estipula que mientras se esté realizando una auditoría (como la actual) “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal” del funcionario involucrado.
Quiere decir que por todo este tiempo los parlamentarios Augusto Cruz Ascencio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eléazar Juárez, acusados de malversar alrededor de L.8 millones no podrán ser enjuiciados ni encarcelados, por lo que vivirán en libertar hasta que el TSC “haga las investigaciones”, algo que no asegura en lo absoluto la calidad de dicha investigación.
¡Solo en Honduras!
Hasta ahora una responsabilidad penal como esta la determinaba el Ministerio Público y el Poder Judicial pero que en este caso la nueva ley aprobada (la semana pasada) por el Congreso Nacional establece que la responsabilidad penal debe ser determinada por el TSC lo que significaría una “usurpación de funciones” según afirmó Jimenes Mayor.
“Lamentablemente esto se ha establecido el día de hoy en el caso de los cinco diputados y tendrá extensión por supuesto en los más de 60 que estamos investigando. Por supuesto tendrá lamentable consecuencia en el caso de la ex primera dama y tendrá consecuencia en el caso de Mario Zelaya vinculado al caso del migrante hondureño que fue resuelto el año pasado y que significó la sentencia más alta en la historia de Honduras por delitos de corrupción”, dijo.
